El Ayuntamiento de Barcelona ha declarado la guerra a las asociaciones cannábicas. A tal fin, el gobierno de la ciudad, dirigido por el alcalde Xavier Trias, ha puesto en marcha un plan especial urbanístico que servirá para restringir la normativa de los clubs cannábicos, lo que puede provocar, según fuentes de la propia administración, el cierre del 80% de los 123 clubs que hay actualmente en Barcelona.
La nueva norma ha cogido a contrapié a las asociaciones del sector, que en este momento estaban dialogando con las áreas de Salud y Juventud del propio Ayuntamiento y con los partidos políticos. Estas asociaciones consideran que la medida es únicamente electoralista y valoran que el cierre de estos clubs empujará a los fumadores al monopolio del mercado ilegal.
Esta polémica normativa prevé que no haya locales de consumo de cannabis a menos de 150 metros de equipamientos o espacios públicos o privados donde sea frecuente la presencia de menores. Esta restricción afecta a muchos tipos de locales: desde una escuela o un polideportivo hasta la consulta de un pediatra o una tienda de dulces. Para las asociaciones cannábicas, se trata de una distancia arbitraria y moralista, que no responde a ningún criterio razonable de salud o de control de riesgos.
Según el Ayuntamiento, este plan para limitar la proliferación de estos clubes, que se aprobará definitivamente en un pleno dentro de unos meses, tiene por objetivo proteger a los jóvenes y que los clubes cannábicos no generen más fumadores potenciales.
Por el contrario, las dos federaciones cannabicas de Cataluña consideran que el único objetivo de esta normativa es cerrar asociaciones, sin tener en cuenta los derechos de las personas usuarias, la inseguridad jurídica que sufren y el aumento del mercado negro que supondría este cierre. Para ellos, las asociaciones cannábicas defienden el derecho a la salud, a la libertad, a la seguridad y a la buena convivencia.
Según el Ayuntamiento, este plan para limitar la proliferación de estos clubes, que se aprobará definitivamente en un pleno dentro de unos meses, tiene por objetivo proteger a los jóvenes y que los clubes cannábicos no generen más fumadores potenciales.
Por el contrario, las dos federaciones cannabicas de Cataluña consideran que el único objetivo de esta normativa es cerrar asociaciones, sin tener en cuenta los derechos de las personas usuarias, la inseguridad jurídica que sufren y el aumento del mercado negro que supondría este cierre. Para ellos, las asociaciones cannábicas defienden el derecho a la salud, a la libertad, a la seguridad y a la buena convivencia.
La aprobación inicial del plan urbanístico también comportará prolongar un año más la moratoria para la apertura de clubes cannábicos, que aprobó el ayuntamiento de Barcelona el pasado mes de junio y que finalizaba próximamente. Durante este año, la Guardia Urbana ha cerrado 63 de los clubs inspeccionados.
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